Definición
El término feminicidio, forjado en inglés como femicide por Diana Russell y traducido y politizado al español por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde durante la investigación sobre los crímenes de Ciudad Juárez, adquiere en la obra de Rita Segato una elaboración teórica que trasciende la mera tipificación penal para constituirse en clave interpretativa de la violencia patriarcal contemporánea. En La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (2013) y en textos posteriores, Segato propone leer estos crímenes no como episodios psicopatológicos aislados ni como productos de la mera acumulación de pobreza y frontera, sino como mensajes cifrados que se inscriben en los cuerpos de las víctimas y cuya destinataria no es solamente la víctima misma sino la corporación masculina en su conjunto. El feminicidio se distingue así del homicidio de mujeres por causas contingentes en la medida en que la víctima es asesinada precisamente en tanto que mujer, es decir, en tanto que ocupa la posición estructural sobre la cual se ejerce la violencia patriarcal. Segato distingue varias modalidades del feminicidio, entre las cuales sobresalen los crímenes íntimos, cometidos por parejas o ex parejas en el marco del mandato de masculinidad que exige controlar a la mujer como propiedad, y los crímenes que ella denomina impersonales o corporativos, ejecutados sobre mujeres desconocidas para la víctima como rituales de afirmación y pertenencia a mafias, ejércitos o pandillas. Estos últimos revelan con particular claridad el carácter comunicativo del crimen, puesto que el cuerpo torturado y expuesto opera como firma corporativa y como demostración de soberanía territorial. La conceptualización segatiana permite comprender por qué la respuesta institucional centrada exclusivamente en la judicialización individual resulta insuficiente, y por qué se requiere una transformación cultural de las estructuras simbólicas que producen la masculinidad violenta. La incorporación del feminicidio como tipo penal específico en numerosos Estados latinoamericanos entre 2007 y 2020 constituye una respuesta jurídica a esta problemática, aunque persisten debates sobre su eficacia efectiva frente a las estructuras profundas que Segato analiza.